Preguntas de una Diputada, o cuántos se beben la orina y pierden los ojos.

En su día ya se comentó la precariedad laboral reinante así como los tristes sucesos derivados, como el trágico ejemplo de V. En ocasiones uno duda si los que tienen el poder de decisión y nos representan se leen los distintos informes externos, los suyos propios o aunque sólo sea los periódicos (o siendo menos ambicioso, las viñetas de Forges). Hoy se me ha despejado la duda, que queda resuelta en alguno hay que se los lee.
La diputada Montserrat Muñoz ha planteado las siguientes preguntas al Gobierno de la Nación:

"A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada que suscribe formula la siguiente PREGUNTA dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito.

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que condena al Instituto de la Grasa, organismo integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, a pagar 750.000 euros a un becario que quedó ciego tras sufrir un accidente cuando trasladaba productos químicos.

El accidente tuvo lugar en el año 2002 cuando el becario realizaba prácticas en el Instituto de la Grasa como titular de una beca predoctoral de formación de investigadores. La dirección del Instituto ordenó el traslado del laboratorio, pero el personal de mantenimiento se negó a manipular productos químicos por el peligro que ello implicaba y se decidió que lo hicieran los becarios, sin ningún elemento de seguridad ni protección alguna. Al coger uno de los frascos sin etiquetar, le estalló en las manos al becario, causándole quemaduras en ojos, boca y asfixia. El becario quedó ciego de un ojo, perdió la visión casi totalmente en el otro, sufrió síndrome de estrés postraumático severo, y serios perjuicios estéticos.

Dada su condición de becario, una de las consecuencias de no existir relación laboral cuando se produjo el accidente -a pesar de estar realizando actividades de carácter laboral- es que el suceso no es considerado accidente laboral y tampoco se accede a las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, en particular, al reconocimiento de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados.

La opinión extendida entre especialistas del derecho laboral es que el problema deriva de la propia figura alegal de becario. Lo razonable es que cualquier titulado universitario que ejerza una actividad laboral, incluyendo la investigación, tenga un contrato laboral ajustándose a las modalidades de contratación previstas en la legislación laboral.

¿Puede indicar el Gobierno cuántos accidentes, incluyendo los denominados in itinere, han sufrido becarios de investigación en centros públicos en los últimos años?

¿Qué tipo de indemnizaciones o prestaciones han recibido los becarios de investigación en centros públicos que han sufrido accidentes en los últimos años?

¿Piensa el Gobierno modificar el Estatuto del Personal de Investigación en Formación para que existan contratos laborales desde el comienzo de la carrera investigadora?
Con relación a los becarios que no están incluidos en el Estatuto del Personal de Investigación en Formación, ¿existen actuaciones por parte de la inspección laboral para, en su caso, denunciar y corregir el uso irregular de becas en lugar de contratos laborales?

Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 8 de agosto de 2007

Fdo.: Montserrat Muñoz de Diego
Diputada del G.P.IU-ICV"

A ver si vamos dando soluciones de una vez.